El gubernamental Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) constató una mejora en relación a su estudio anterior, de 2017-2018, cuando se estimó en 10,3 millones de personas en situación de hambre.
Pero la recuperación no alcanzó los niveles de 2013, cuando Brasil alcanzó índices de seguridad alimentaria que lo sacaron el año siguiente del Mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), adonde volvió en 2022.
La cantidad de brasileños en inseguridad alimentaria grave aún suman 20 % más que en 2013, según los datos de IBGE. Eso se debe básicamente a tres traumas que afectaron el país en los últimos diez años.
Una fuerte recesión económica en 2015-2016 provocó una caída de 6,8 % del producto bruto interno, con el consecuente desempleo y daños sociales.
“El combate al hambre depende de la agricultura familiar, que esa si produce alimentos para la población local”: Rodrigo Afonso.
En su gobierno de 2019 a 2022 el expresidente Jair Bolsonaro, de extrema derecha, eliminó o rebajó varias políticas económicas y sociales que promovían la seguridad alimentaria.
Para colmo, del inicio de 2020 a mayo de 2023 tuvo lugar la pandemia de covid-19 que mató más de 700 000 brasileños, llenó hospitales y descompuso la actividad económica, todo agravado por el negacionismo de Bolsonaro, que condenaba medidas preventivas como el aislamiento y recomendaba como medicación la antimalárica cloroquina.
Pero además de esos factores coyunturales, dificulta la meta del “hambre cero” un desarrollo agrícola que prioriza la producción de materias primas, o commodities en el inglés dominante, para exportación, en lugar de alimentos. Eso conduce a la contradicción del hambre en una potencia agrícola como Brasil.
El país exportó 165 050 millones de dólares en productos agropecuarios en 2023, diez veces más que los 16 470 millones de dólares de importaciones. La soja aportó 40 % de todas de esas ventas externas.
“El combate al hambre depende de la agricultura familiar, que esa si produce alimentos para la población local”, destacó Rodrigo Afonso, director ejecutivo de la no gubernamental Acción de la Ciudadanía, que nació en 1993 con el nombre largo complementado por “contra el hambre, la miseria y por la vida”.
En Brasil y en otros países suele decirse que los pequeños agricultores producen 70 % de los alimentos, pero es una exageración imprecisa. El censo agropecuario de 2017, hecho por el IBGE, apunta el sector como responsable de 80 % de la producción de mandioca (yuca), 42 % de los frijoles, 64,2 % de leche pero solo 31 % del ganado vacuno.
De todos modos, son vitales para la alimentación, especialmente de alimentos frescos, saludables, de producción local.
La reducción de la inseguridad alimentaria en la primera década y media de este siglo en Brasil se debió en buena parte a programas de alimentación escolar y de compras estatales de la agricultura familiar, impulsados en los dos primeros períodos (2003-2010) de gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nuevamente elegido para un tercer período (2023-2026).
Además se incrementó el crédito a ese subsector que corresponde a 77 % de los 5,07 millones de establecimientos agropecuarios de Brasil, según el censo sectorial de 2017. De ese total 46,6 % se ubica en la región Nordeste, hecho que explica el impacto regional de las políticas que benefician la agricultura familiar.
Un incremento de la producción alimentaria podría atenuar la persistente inflación de los alimentos básicos que afecta actualmente la seguridad alimentaria de los pobres brasileños, ejemplificó Afonso a IPS.
Por eso aumentar la productividad de la agricultura familiar es una prioridad del actual gobierno brasileño, que volvió a reponer en la agenda el combate al hambre, incluso como propuesta al Grupo de los 20 países de economías más importante (G-20), actualmente bajo la presidencia de Brasil.
Para eso es necesario mecanizar esa pequeña agricultura, hasta ahora “rudimentario, manual, incluso por el tamaño de los predios que no comportan máquinas grandes”, observó Maria Gomes, responsable del sector de producción, cooperación y medio ambiente del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) en el Nordeste.
Solo 14,5 % de los agricultores familiares poseen tractores y estos se concentran en la región Sur de Brasil, donde el índice alcanza 39,5 %, mientras en el Nordeste, la patria de la agricultura familiar, están presentes en solo 3,2 % de los establecimientos, según el censo de 2017.
Se empezó a importar máquinas agrícolas chinas para esa actividad, pero ellas “tienen que ser probada, estudiadas y adaptadas” a la realidad campesina brasileña, comentó Gomes a IPS, por teléfono desde Natal, capital del estado nororiental de Rio Grande do Norte.
Una buena señal es el programa Nueva Industria Brasil, anunciado por el gobierno en enero de 2024, que fija como meta mecanizar 70 % de la agricultura familiar hasta 2033, pero habrá que detallar “como llegar allá, el costo, el crédito para permitir el acceso de las familias a las máquinas y la asistencia técnica”, acotó.
“La mecanización es una contribución importante a la seguridad alimentaria. Además de incrementar la productividad, reduce el trabajo penoso. Pero hay otros factores como la tierra, sin la cual no se produce comida, por lo tanto la reforma agraria aún es determinante”, sostuvo.
Por eso no se debe apartar el proceso de mecanización de otras acciones, como crédito, semillas, energías renovables y el agroindustrialización, según las condiciones de cada territorio”, concluyó.
Las desigualdades regionales dificultan el combate al hambre. La inseguridad alimentaria moderada y grave, que indican escasez cuantitativa o cualitativa de alimentos, afecta 16 % de la población del Norte amazónico y 14,8 % de la del Nordeste, contra un promedio nacional de 9,4 %.
El hambre, o inseguridad grave, alcanza 4,1 % de los 203 millones de brasileños, según el estudio de 2023.
“Ese año la Amazonia sufrió una sequía muy fuerte, no un estiaje normal. Comunidades quedaron aisladas, perdieron sus semillas, no pudieron cultivar la mandioca, el pan de la Amazonia”, observó Maria Emilia Pacheco, expresidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) e investigadora de la organización no gubernamental Fase.
Además los pueblos indígenas y tradicionales de la región son afectados por la invasión de la minería informal, el garimpo, que envenena de mercurio a los ríos afectando la pesca, la deforestación y la expansión de los monocultivo agrícolas. Las agresiones al ambiente y al clima golpean la alimentación de la población local, advirtió Pacheco.
Factores políticos también afectan la alimentación de los más pobres. El expresidente Bolsonaro desactivó el Consea, con dos tercios de representantes de la sociedad civil y un tercio de gobernantes para recomendar políticas públicas.
Su reactivación en 2023 ocurre en un momento de limitaciones en la política social, con recursos reducidos porque el presupuesto fue hecho por el gobierno anterior, de Bolsonaro. Y actualmente, un Congreso conservador frena la restauración de las políticas sociales, señaló Afonso. (IPS)
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